Asociación Civil Promotora de Libertades Electorales - Venezuela - 4-4-2001

Detrás del Decreto N° 1.011

12-Febrero-2001 Antes de intentar dar respuesta a la interrogante que titula el presente escrito, se hace necesaria una primera aclaratoria con respecto a las clasificaciones que se hacen de la educación.
En primer lugar, debemos mencionar que toda educación es eminentemente pública, lo que varía, ciertamente, es su modelo de gestión. En nuestro país, la educación de las mayorías -un 80%- corresponde principalmente a los planteles regidos por el Estado. No obstante, la educación ofrecida por instituciones de gestión privada ha ido incrementándose en los últimos años, aún cuando tales ofertas no siempre se traducen en una educación de calidad.
Del mismo modo, la educación ofrecida por el Estado en escuelas nacionales, estadales y municipales generan, hoy por hoy, diversas opiniones de parte de la población, al percibirse un importante desfase entre el aula de clases y la vida real. De ahí la importancia, junto con otros temas, de la supervisión educativa.
El Decreto 1.011, cuya publicación en Gaceta Extraordinaria N° 5.496 del 31de octubre de 2000 ha generado reacciones adversas entre miles de padres y representantes, gremios magisteriales y público en general, reforma de manera puntual el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente al incorporar una cuarta jerarquía en la categoría seis del mencionado reglamento: el denominado Supervisor Itinerante.
Una lectura superficial de tal decreto pareciera no arrojar demasiadas sospechas. Sin embargo, dada las actuaciones precedentes de las actuales autoridades educativas con relación a la Resolución 259, el libro de Instrucción Pre-Militar y el documento referente a las Comunidades Educativas, y la actuación del nuevo elenco político en la designación de los Poderes Públicos (Defensoría, Fiscalía, Contraloría y Magistrados ante el Tribunal Supremo de Justicia) obligan a prestar la mayor atención ante lo que pudiera convertirse en una feroz arma disuasiva. Veamos por qué. El Decreto 1.011, con respecto a los requisitos para ingresar a la jerarquía de Supervisores Itinerantes Nacionales, afirma lo siguiente:
1) Ser venezolano, 2) Ser o haber sido docente, 3) Ser de reconocida solvencia moral y con méritos académicos suficientes que acrediten su eficiencia profesional y 4) Ser nombrado por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, a proposición del Vice-Ministro de Asuntos Educativos.
De todos ellos existen dos que violentan el orden jurídico existente. El hecho de ser o haber sido docente elimina el requisito necesario de poseer una trayectoria de al menos quince años de ejercicio profesional para alcanzar el rango de supervisor. Y, en segundo término, el nombramiento por
parte del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, a proposición del Vice-Ministro de Asuntos Educativos, deja sin efecto los concursos correspondientes consagrados para la selección de tan importante funcionario, obviando requisitos claves como "haber aprobado el curso de cuarto nivel relativo a la naturaleza, funciones y atribuciones del cargo al cual va a optar."
Por otra parte, el Decreto 1.011 señala: "Si el informe final de la supervisión integral de cada plantel as' lo recomienda, éste se intervendrá y podrá suspenderse a todos o a algunos de los miembros del cuerpo directivo, caso en el cual se designará el personal directivo interino correspondiente."
Bajo que parámetros se realizará tal supervisión:
¿Habrá que ser incondicional con el "proceso revolucionario"?
¿ El derecho a la defensa estará garantizado con el nuevo Poder Judicial?
¿ Privarán las simpatías políticas sobre las competencias académicas,
administrativas y pedagógicas?
Nadie lo duda, la supervisión es una función inherente al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, pero también de la familia venezolana. Lo que resulta deplorable del actual gobierno es el intento de impartir doctrina política en un espacio reservado para la promoción del respeto, la tolerancia y la libre circulación de las ideas.
No toda educación de gestión gubernamental es mala ni toda educación de gestión privada es buena. Los extremos son simplistas. La tarea que tenemos como país radica en alcanzar una educación de calidad para todos. Una educación que forme mentes, manos y corazones.

Efrén Rodríguez Toro
Educador, Universidad Católica Andrés Bello

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